La CE demanda a España por no aplicar las directivas SERA
La Comisión Europea (CE) ha declarado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE porque el país no ha «transpuesto y aplicado correctamente la Directiva 2012/34/UE por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (SERA)». Más concretamente, la CE acusa a España de no aplicar las disposiciones relativas a la gestión de la infraestructura.
Las disposiciones mencionadas por la Comisión incluyen «la determinación de los cánones de infraestructura, la gestión de las empresas ferroviarias (EF) con arreglo a principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales». La CE impugna el hecho de que España haya modificado su legislación en materia de cánones de infraestructura, pero nunca haya puesto en funcionamiento el sistema. De hecho, la ley no da al administrador de infraestructuras (AI) español ADIF un plazo firme para aplicarla.
Esto, según la CE, plantea el riesgo de que el sistema actual pueda seguir vigente durante los próximos dos años. «En consecuencia, las empresas ferroviarias no podrán impugnar los cánones de acceso a las vías» porque forman parte de una ley, explicó la Comisión. Se contactó con representantes de la CE para obtener más información sobre los próximos pasos, pero aún no se ha recibido respuesta.
Demasiado poder en manos del Estado
Otro factor que podría dificultar la independencia de las empresas ferroviarias y los gestores de infraestructuras públicos del Gobierno español es que sus consejos de administración son nombrados por el Ministerio de Transportes. El Ministerio también tiene capacidad para poner fin a los mandatos de los miembros y a las normas de toma de decisiones. «Debe concluirse que, en efecto, el Estado puede ejercer una influencia decisiva en las decisiones de los consejos de administración», concluye la CE.
La directiva 2012/34/UE en España
Todo empezó en mayo de 2018, cuando la CE envió una carta de emplazamiento a España sobre la aplicación de la nueva normativa de la Directiva. En enero de 2019, España respondió que algunos habían sido implementados, mientras que otros todavía necesitaban algo de trabajo. En octubre de 2019, la Comisión envió a España un dictamen motivado, que es una solicitud formal para cumplir con la legislación de la UE. A finales de 2022, el país dijo que se habían transpuesto más medidas, pero la CE seguía insatisfecha, de ahí su decisión de demandar a España.
Según las instituciones europeas, normativas como la Directiva 2012/34/UE «han contribuido a crear un mercado ferroviario europeo abierto». La directiva otorga a las empresas ferroviarias (EF) de titularidad pública y a los administradores de infraestructuras (AI) más independencia de los Estados. Lo hace obligando a las empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructuras a mantener activos, presupuestos y cuentas separados de sus gobiernos. En otras palabras, la directiva trata de equiparar las entidades privadas y públicas.
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